COMPAÑEROS DIPUTADOS
AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el
año de 1951, durante el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdéz, se
estableció en México el día 7 de junio como “Día de la Libertad
de Expresión”.
A más
de 60 años de haberse decretado esa fecha, observamos con satisfacción su
evolución, hacemos un recuento de las acciones tomadas a partir de la
instauración y protección de este derecho, pero más importante aún, nos
planteamos nuevas metas para continuar en la lucha de proteger la garantía de
manifestarnos libremente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, define a
los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para
el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad. Estos derechos,
establecidos en la
Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y
garantizados por el Estado y respetados por la sociedad en general, más aún por
quienes tenemos mayor responsabilidad en este sentido, los representantes populares
y las autoridades gubernamentales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en sus artículos sexto y séptimo
el derecho de manifestar nuestras ideas libremente, siempre que con ello no se transgreda
la moral, los derechos de terceros, ni se perturbe el orden público o se cometa
algún delito.
La trascendencia de este derecho
radica en que puede ser fuente de transformación social, un medio de
participación que fortalezca al Estado. De su ejercicio surgen proyectos que
den rumbo a nuestra nación, que perfeccionen el quehacer público y generen
desarrollo social.
A nombre y representación del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a
todos los sectores de la sociedad para privilegiar el respeto a este importante
derecho en cualquiera de sus modalidades, indispensable para la transformación
de la sociedad.
Además, nos pronunciamos por un
ejercicio libre, respetuoso, responsable y apegado a la realidad del país y de
nuestro Estado. Si bien es cierto, existen quienes intentan limitarlo, también
hay quienes exceden sus alcances, desvirtuando la finalidad de su instauración
y protección, lo que lejos de traducirse en un beneficio podría generar
incertidumbre e ingobernabilidad.
Muchos han sido los esfuerzos
para defender este derecho de primera generación, muchas las transgresiones y
ofensas vertidas en contra de sus impulsores. Sin embargo y a pesar de todo,
podemos decir que avanzamos a paso firme.
A pesar de lo anterior, hace falta
tomar medidas tendientes a fortalecer esta prerrogativa, ese es nuestro
compromiso, dar continuidad al esfuerzo realizado al día de hoy, de manera que
podamos sentirnos orgullosos, protegidos y respaldados por el Estado y sus
instituciones en el ejercicio de nuestras garantías.
El
bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para
superar la desigualdad, la pobreza y la discriminación. En ello enfocaremos nuestro
esfuerzo, en proteger los derechos y mantener las condiciones necesarias para
que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, los poblanos podamos ejercerlos.
Enhorabuena.
Muchas Gracias
Dip. Edgar Sánchez Gómez
Presidente del Comité de
Comunicación Social del
Congreso del Estado
